El gobierno de Hidalgo anunció un incremento del 20% a la tarifa del transporte público colectivo, que pasará de 10 a 12 pesos, sin precisar una fecha exacta de entrada en vigor, más allá de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, justificó el ajuste al señalar que durante más de cuatro años no se había autorizado un aumento, pese al alza en costos operativos. Sin embargo, el anuncio llega sin que exista una mejora visible en la calidad del servicio.
Aunque se aseguró que la decisión se basó en un “análisis técnico riguroso”, no se detallaron los indicadores ni los criterios utilizados, lo que deja dudas sobre la transparencia del proceso.
El gobierno estatal también afirmó haber contenido solicitudes de incremento de hasta 60% por parte de concesionarios, presentando el 20% como un “equilibrio”. No obstante, para miles de usuarios que enfrentan unidades en mal estado, choferes prepotentes o sin educación vial y problemas de seguridad, el ajuste representa un golpe directo al bolsillo sin garantías inmediatas de mejora.
Si bien se enlistaron obligaciones como mantenimiento de unidades, eliminación de polarizados y capacitación de operadores, estas medidas ya existen en la normativa y su cumplimiento ha sido irregular.
La autoridad prometió reforzar la supervisión, aunque históricamente la vigilancia ha sido limitada y con pocos resultados visibles.
El incremento también se vincula a una supuesta modernización vehicular, pero sin plazos claros ni mecanismos que aseguren su cumplimiento en el corto plazo.
En resumen, el aumento se plantea como necesario, pero llega sin claridad en su aplicación y con una deuda persistente en la calidad del servicio.