La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro ha generado una fuerte polémica al decidir procesar a Esmeralda, una joven de 14 años del municipio indígena de Huimilpan, por un aborto espontáneo relacionado con un embarazo que resultó de una violación, la fiscalía busca imponerle una pena de tres años de prisión y una multa de 500 mil pesos, supuestamente como compensación al agresor, quien no ha sido acusado por el delito.
Mayra Dávila Alvarado, dirigente del colectivo feminista Adax Digitales, ha denunciado que la fiscalía cerró el caso de violación sin tomar acciones contra el atacante, a quien se le otorgó «no ejercicio de la acción penal», Dávila ha exigido reformar el código penal estatal, que actualmente sanciona a las mujeres que interrumpen sus embarazos, ya que lo considera inaceptable.
Esmeralda quedó embarazada tras ser agredida por un joven de 17 años y experimentó un aborto espontáneo sin saber que estaba esperando un bebé, su padre la llevó a un centro de salud, donde se constató que el feto, de 36 semanas de gestación, había muerto por asfixia, sin embargo, la FGE abrió una investigación por homicidio en su contra, lo que resultó en su vinculación a proceso y la imposición de prisión domiciliaria.
El juicio está programado para realizarse pronto, y el colectivo feminista ha prometido brindar todo su apoyo a Esmeralda, Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres federal, expresó su rechazo a esta situación en redes sociales y anunció la intención de establecer una mesa de trabajo con autoridades locales.
Además, Dávila Alvarado mencionó que un juez federal había declarado inconstitucionales varios artículos del código penal de Querétaro que criminalizan a las mujeres por abortar.
Este caso ha reactivado el debate sobre la necesidad de modificar leyes que castigan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, y ha impulsado manifestaciones en Querétaro para exigir cambios legislativos.