Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha fundamental para visibilizar y combatir la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en todo el mundo, esta jornada, promovida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, busca generar conciencia sobre una de las violaciones más persistentes de los derechos humanos y abogar por políticas que erradiquen estas agresiones, la elección del 25 de noviembre responde al asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como «Las Mariposas», en 1960, a manos de la dictadura de Trujillo en República Dominicana.
La violencia de género incluye una amplia gama de abusos, desde agresiones físicas y sexuales hasta humillaciones psicológicas, en 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, señalando que estos actos dañinos afectan tanto a la vida pública como privada, a pesar de los esfuerzos internacionales, como la Resolución 54/134 de la ONU en 1999, la violencia sigue siendo una realidad alarmante.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 66 de cada 100 mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida.
La violencia afecta a todas las mujeres, pero algunas son más vulnerables, como aquellas con discapacidad. Según ONU Mujeres, las mujeres con discapacidad enfrentan mayores riesgos debido a barreras físicas y sociales que limitan su capacidad para defenderse o denunciar, estas mujeres a menudo viven en condiciones de dependencia, lo que incrementa su exposición a abusos, además, el 80% de los refugios para víctimas de violencia doméstica no están adaptados para recibir a mujeres con discapacidad, lo que dificulta su acceso a protección y asistencia.
En este contexto, es crucial que el Estado mexicano, junto con organismos internacionales, continúe impulsando medidas efectivas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, esto incluye reformas legislativas, la creación de centros de justicia accesibles y la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad y los derechos de todas las mujeres, especialmente las que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas debe ser una prioridad para lograr una sociedad más justa e igualitaria para todos.