El crecimiento desmedido de bares y centros nocturnos en Pachuca ha encendido las alertas entre autoridades y sociedad civil, ante la constante aparición de riñas, acceso a menores de edad, consumo de sustancias ilícitas y venta de alcohol adulterado en estos establecimientos.
En menos de una década, el número de antros y bares en la capital hidalguense pasó de 74 a más de 200, según cifras de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio. Este aumento ha ido acompañado de un alza en los incidentes violentos, lo que ha generado una creciente percepción de inseguridad en zonas como la Zona Plateada y el centro histórico.
Durante los últimos meses, diversas inspecciones han derivado en clausuras por falta de licencia de funcionamiento, venta de bebidas a menores y omisiones en medidas de seguridad como salidas de emergencia. A ello se suma la preocupación por el hallazgo de sustancias como el “tusi” —también conocida como droga rosa—, detectada en operativos recientes en bares donde también se encontraron medicamentos controlados y cigarros ilegales. “Lo que nos alarma no es solo la operación fuera de norma, sino el acceso sin control a jóvenes menores de edad y el uso de estos lugares como puntos de distribución de drogas”, advirtió en entrevista el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri.
Vecinos de zonas residenciales, como la ya mencionada Zona Plateada, han denunciado alteraciones al orden público, música fuera del horario permitido y aglomeraciones sin supervisión. A pesar de las quejas formales, acusan una lenta respuesta por parte de las autoridades municipales.
En respuesta, el Ayuntamiento ha reforzado los operativos conjuntos con Seguridad Pública y la Guardia Nacional, y ha implementado capacitaciones para el personal de bares y antros. Algunas medidas también incluyen la conexión de cámaras de videovigilancia de establecimientos al sistema estatal c5i, con el fin de monitorear actividades en tiempo real.
Además, empresarios del sector han propuesto la creación de “zonas de recuperación” dentro de los locales, espacios destinados para que los jóvenes puedan esperar el transporte en condiciones seguras. Sin embargo, para expertos en seguridad, estas acciones siguen siendo insuficientes ante el riesgo creciente que representan estos espacios sin una regulación estricta.
Mientras tanto, padres de familia y colectivos ciudadanos piden una revisión a fondo del marco regulatorio y la implementación de sanciones más severas para quienes incumplan con la ley, pues aseguran que está en juego no solo la seguridad pública, sino la integridad de cientos de jóvenes que frecuentan estos lugares cada fin de semana.
