La desaparición del Instituto de Transparencia de Hidalgo (ITAIH) marca un cambio de fondo en la rendición de cuentas del estado. El derecho de acceso a la información dejará de ser tutelado por un órgano autónomo y pasará a manos de la Contraloría estatal, una dependencia del propio Ejecutivo.
Aunque el gobierno asegura que no habrá retrocesos y que los 37 trabajadores conservarán su empleo, el debate central no es administrativo sino institucional: la eliminación de un contrapeso clave frente al poder público. La extinción del ITAIH fue impulsada por el gobernador Julio Menchaca y aprobada por el Congreso local.
Durante un periodo de hasta 180 días, el instituto seguirá operando mientras se ajustan las leyes secundarias. Después, un decreto del Ejecutivo formalizará su desaparición y la Contraloría absorberá sus funciones y presupuesto.
El nuevo modelo plantea una descentralización a través de contralores internos en las dependencias y la creación del organismo “Transparencia para el Pueblo de Hidalgo”, encargado de la atención ciudadana. Sin embargo, al depender de la misma estructura gubernamental, surgen dudas sobre su independencia real para resolver solicitudes incómodas.
El gobierno defiende el rediseño como austero y eficiente. Sus críticos advierten que el cambio concentra poder y debilita la autonomía, uno de los pilares mínimos para garantizar el derecho a saber. En Hidalgo, la transparencia deja de ser un contrapeso y pasa a ser administrada por el propio gobierno.